La Plataforma Los 7000 (https://plataformalos7000.org/), ha recogido la preocupación y temor de multitud de personas y organizaciones por la decisión del actual Gobierno de impulsar una ley para legalizar la eutanasia. Por ello ha propuesto a más de 100 personalidades de la vida española que firmaran el Manifiesto adjunto. Los firmantes, entre los que se encuentran el presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, se dirigen a los diputados y senadores, a los partidos políticos, a las instituciones de la sociedad civil y a todos y cada uno de los ciudadanos, para que juntos detengamos la tramitación que se sigue en el Congreso de los Diputados para legalizar la eutanasia.
Afirmando que lo realmente necesario para detener el sufrimiento no es la muerte, sino leyes que protejan la vida, en especial, la de las personas mayores, que les provean de un trato digno y justo, que asegure la asistencia médica y hospitalaria adecuada. Necesitamos con urgencia un plan de cuidados paliativos que alcance a toda la población.
Se subraya la contradicción que existe en reclamar en estos tiempos difíciles la unidad en torno a la reconstrucción del país y que al mismo tiempo el gobierno apruebe una ley tan divisiva como la de la eutanasia.
Los cuidados paliativos en España están a la cola de Europa por falta de medios, y se han vivido episodios tan trágicos y duros como el cribaje hospitalario por edad.
Lo que se ofrece no es un nuevo derecho, porque es brutal obligar a elegir entre el sufrimiento y la muerte infringida por un médico.
Señala también la gran reserva que debe existir hacia un tipo de legislación que ha sido rechazada en toda Europa, con excepción del Benelux, y su tramitación, que no aprobación, en Portugal.
El manifiesto lo firman entre otras reconocidas personalidades (se ha descartado la presencia de políticos en activo) los exministros Marcelino Oreja, José Luis Corcuera y Alberto Ruiz Gallardón; los presidentes de diversas asociaciones católicas y provida, como Jaime Mayor Oreja (One of Us), Alfonso Bullón de Mendoza (Asociación Católica de Propagandistas), Josep Miró (e-Cristians), Alicia Latorre (Federación Española de Asociaciones Provida), Daniel Fernández (Cristianos en democracia), Ignacio García Juliá (Foro de la Familia), Iñigo Gómez Pineda y Maria San Gil (Fundación Villacisneros), Mercedes Aroz (Foro Cultura21) y Raúl Sánchez Flores, secretario general de la Confederación Europea de Familias Numerosas; los rectores de las universidades CEU San Pablo, CEU Cardenal Herrera, Francisco de Vitoria, Católica de Ávila, Católica de Valencia y Abat Oliba CEU; personalidades del mundo médico, como Manuel Martínez-Selles (presidente del ICOMEM) y Jokin de Irala; y periodistas y personalidades del mundo académico y de la cultura, como Francisco Marhuenda, Juan Manuel de Prada, Dalmacio Negro, José Luis Restán y Joan Hortalà; el experto en demografía Alejandro Macarrón, el ex alcalde de la Coruña Francisco Vázquez, el exfiscal general del Estado Eligio Hernández, y el ex presidente de Unió Democràtica de Catalunya Josep Antonio Durán y Lleida.
A continuación el manifiesto integro:
- Nos dirigimos a los diputados y senadores, a los partidos políticos, a las instituciones de la sociedad civil, y a todos y cada uno de los ciudadanos, para que juntos detengamos la tramitación que se sigue en el Congreso de los Diputados para legalizar la eutanasia.
- Necesitamos leyes que protejan la vida, en especial, la de las personas mayores, que les provean de un trato digno y justo, que asegure la asistencia médica y hospitalaria adecuada. Necesitamos con urgencia un plan de cuidados paliativos que alcance a toda la población, garantía necesaria para evitar el sufrimiento.
- Es improcedente y muestra una gran falta de sensibilidad que, cuando el país expresa un duelo inmenso por el gran número de personas que han perdido, y siguen perdiendo la vida por la pandemia, el Congreso de los Diputados tramite una ley de eutanasia.
- En torno al 80% de los fallecidos por la pandemia han sido personas de más de setenta años. En la mayoría de los casos las muertes han sido debidas a falta de atención hospitalaria y recursos sanitarios, sin la posibilidad siquiera de contar con remedios paliativos, llegándose incluso a la criba por razón de la edad. ¿Queremos crear una coartada legal con una ley de eutanasia para este tipo de actos? Lo necesario, lo que la sociedad reclama, es ofrecer a todo ser humano un final digno y bienaventurado de su vida, junto a los suyos y con los cuidados médicos y atención espiritual que permitan eliminar o mitigar su dolor.
- Es contradictorio que, a la par que se trabaja en el Congreso en una Comisión para la reconstrucción, que tiene uno de sus ámbitos en la dimensión social, se tramite una ley tan divisiva como la de la eutanasia. ¿Cómo puede plantearse el necesario consenso en estos términos?
- La eutanasia plantea graves problemas éticos siempre, pero además en el caso de España y dada la mala situación de los cuidados paliativos, lo que realmente se ofrece es morir entre sufrimientos o a manos del médico. Esto no es una opción. Además, puede dejar secuelas psicoemocionales en los familiares que deciden o consienten en esa eutanasia.
- Es un dato decisivo el rechazo universal a este tipo de legislación: desde que se aprobó la primera ley de la eutanasia en Holanda hace casi 20 años, sólo otros cuatro países en el mundo han seguido su camino. Los dos vecinos con quien integra el Benelux, Bélgica y Luxemburgo, y Canadá y Colombia, en América. Y es que la eutanasia forma parte del problema, no de la solución, porque el fin para una vida digna es la conjunción de la compañía solícita y de los pertinentes cuidados paliativos.